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Las implicancias de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo en la Contratación de las Pólizas de Seguros

La Ley 29783 y su Reglamento D.S.005-2012/TR tienen varias implicancias aún desconocidas por los empresarios de nuestro país, sobre los derechos indemnizatorios contratados en sus vigentes pólizas de seguros.

 

La Gerencia General o Representante Legal de cada empresa debe tomar en consideración que, de no existir un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST), el que debe ser implementado por exigencia imperativa de la normativa nacional, caerán en inobservancia de la Ley, lo que implicará onerosas multas por parte del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) y/o SUNAFIL, además de las demandas civiles y denuncias penales en caso de accidente de trabajo y/o enfermedad profesional con responsabilidad del empleador.

 

Lo anterior, puede exponer el patrimonio de la empresa y la responsabilidad funcional de todos los implicados en orden jerárquico, desde el Gerente General o Representante Legal, pasando por las diferentes Gerencias, Administración y Finanzas, Recursos Humanos, Logística, Jefaturas de Plantas y/o Producción, Supervisores de Áreas, etc., hasta llegar al jefe inmediato superior del trabajador que ha sido afectado por un accidente de trabajo y/o enfermedad profesional.

 

Aquellas empresas que han implementado su SGSST, podrían caer en incumplimiento de las normas vigentes en caso de reportarse condiciones inseguras y/o actos inseguros por parte de su personal, comúnmente  como consecuencia de una falta de capacitación y/o supervisión de las labores y/o falta de prevención y control de los factores de riesgos laborales a los que se encuentran expuestos todos sus trabajadores, entre otras causas.

 

Ahora las Compañías Aseguradoras tienen mayores argumentos técnicos para rechazar los derechos indemnizatorios contratados en la pólizas de seguro; esto debido a la participación de las diferentes Autoridades Competentes en velar por el estricto cumplimiento de las normas laborales vigentes (MTPE, ESSALUD, MINSA, SUNAFIL, DIGESA, Ministerio Público, Gobiernos Regionales y Municipalidades, entre otros Organismos Públicos del Estado), quienes podrán emitir Resoluciones vinculantes que calificarán la responsabilidad del empleador en la inobservancia y/o incumplimiento de lo señalado en la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.

 

Esto significa que si una empresa decide contratar sus Seguros, está en la obligación de cumplir, además de las condiciones especiales y las garantías de sus pólizas, con las normas propias de su sector económico, y fundamentalmente, con la normativa que señala la mencionada Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Caso contrario, la inversión y/o ahorro designado en la contratación de los seguros, se convertirá en un gasto corriente infructuoso, y por ende, al ser rechazado por la Compañía Aseguradora los derechos indemnizatorios contratados en la póliza de seguros, serán multados y obligados a pagar las reparaciones civiles que correspondan de acuerdo a Ley a los trabajadores afectados y a enfrentar las denuncias penales a los que se consideren responsables dentro de la empresa por sus funciones (modificación al Código Penal Art. 168-A).

 

El desconocimiento tanto de los empresarios como de los funcionarios a cargo de las empresas sobre este importante tema, es casi generalizado. Esto obliga a que los empresarios tomen muy en serio el cumplimiento sobre la implementación del SGSST y la concientización de sus funcionarios para no caer en el incumplimiento de dicha normativa, lo cual les originaría multas excesivamente onerosas de hasta 200 UIT por faltas muy graves, 100 UIT por faltas graves y 50 UIT por faltas leves al SGSST (habiendo dado un plazo de 3 años para aplicar hasta el 35% del total de las multas), además de tener que pagar las reparaciones civiles a los trabajadores accidentados y de afrontar la defensa legal de sus funcionarios implicados en dicha responsabilidad funcional.

 

Es de esperar que el presente artículo motive a todas las empresas del país y sobre todo de nuestra Región PIURA, para que se ordenen y requieran la inmediata implementación de sus SGSST y al cumplimiento de todas las recomendaciones, condiciones especiales y garantías impuestas en la contratación de sus seguros (obligatorios y facultativos).

 

Por último, hay que señalar que la mencionada Ley de SST, obliga al Corredor de Seguros designado por el empresario, a cumplir con el Art. 338 sobre las Funciones y Deberes de los Corredores de Seguros de la Ley 26702 (Ley del Sistema Financiero de Banca y Seguros); dado que, Corredor que no realice un correcto análisis sobre las necesidades de seguros de sus clientes y no asesore correctamente sobre las condiciones de operación de la empresa, estará haciendo incurrir en gravísimos problemas a sus funcionarios, con las subsecuentes Responsabilidades Civiles Profesionales que podrían dar motivo a que la empresa lo demande por su falta de asesoramiento técnico adecuado en la normativa vigente.

 

Autor del Artículo: Antonio M. Seminario Salazar, año 2015.

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